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La política pesquera comunitaria constituye un cuerpo de normas que responden a un modelo cerrado, rígido y compacto que fue consolidándose a lo largo de los últimos 25 años. La entrada de España en la CEE se planteó desde unas posiciones previas que venían definidas por el marco de la regresividad de las concesiones comunitarias en el período de preadhesión. Afectaban tanto al número de embarcaciones, cantidades a capturar por especies; control de nuestro comercio pesquero con los países comunitarios; y resultado de los acuerdos pesqueros que España tenía suscrito en otros países que garantizaban el ejercicio de numerosas embarcaciones. El balance del período post-adhesión es positivo se lo medimos en cuanto al volumen de financiación percibida de la CE; en las cuotas de pesca otorgadas ; en el mantenimiento de los acuerdos pesqueros; y en la garantía de pesca de nuestra flota. No obstante, la revisión de la PPC obligará a los Estados Miembros (y consiguientemente a España) a reducir su flota, recortar las cuotas de pesca, e incrementar nuestra dependencia pesquera con respecto a otros países en lo que al abastecimiento se refiere.
