El proceso de desarrollo autonómico en España ha estado marcado por una serie de asimetrías, entre las que ocupan un lugar destacado la diferenciación entre las Comunidades forales y las de régimen común, y el distinto alcance de la descentralización en los ámbitos del gasto y de la imposición. Sin embargo, la tradicional asimetría entre estas dos vertientes, dentro de los estudios de Hacienda Pública, también se ha manifestado, en cierta manera, en el caso de las regiones españolas, a través de un claro desequilibrio entre la atención concedida a una y otra. En la mayoría de las ocasiones, se ha tendido a poner el acento en la magnitud de los ingresos obtenidos, relegando a un segundo plano cuestiones tan importantes como a qué se destinan tales recursos y en qué condiciones de eficiencia y de eficacia. De hecho, las sucesivas revisiones del sistema de financiación se han sustentado en la aplicación práctica de "mejoras paretianas" aparentes, basadas en la garantía de que nadie saliera perdiendo respecto a la situación anterior.