En ese marco, de permanente búsqueda de mayor eficacia y eficiencia de lo público, se insertan tanto la revitalización del proceso destinado a mejorar el papel de representación territorial del Senado como la reforma de los estatutos de autonomía para adecuarlos a la actual realidad española, dentro del respeto al marco constitucional vigente y siempre contando con un amplio consenso político y social. La modificación de determinados aspectos estatutarios debe servir para mejorar el sistema autonómico en general, lo que significa que todos los ciudadanos han de salir beneficiados de estos cambios, los cuales no pueden conllevar, por tanto, la introducción de ningún factor de discriminación o de freno al impulso a la cohesión social que caracteriza a nuestro Estado autonómico. El objetivo último de la mejora del autogobierno es que las administraciones autonómicas puedan actuar con más eficacia, en beneficio de los ciudadanos, y sin que ello suponga una quiebra en el marco de convivencia que nos hemos dado y del que está satisfecha una amplia mayoría de los ciudadanos.