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Carles Manera, Jaime Garau Amengual
La Comisión Europea, en su panel sobre Cohesión Económica y Social, reconoce la existencia de regiones que tienen handicaps estructurales permanentes, y que pueden ser causa decisiva de retrasos en su desarrollo económico. De hecho, se apuntan tres tipos de territorios con dificultades: los montañosos, los débilmente poblados y los insulares. Éstos, a su vez, patentizan problemas añadidos: pueden tener partes de su geografía que sean montañosas y, al mismo tiempo, encontrarse alejadas de polos de crecimiento de la Unión Europea. Ahora bien, la pregunta que cabe formularse, a la vista de la documentación oficial comunitaria, es tan simple como evidente: ¿a qué consideramos una isla? El ejercicio que proponemos no es trivial. Veamos. Malta ya no es una isla. Ceuta y Melilla, a partir de ahora, sí lo son. Las islas Baleares no tienen ningún reconocimiento real de su insularidad, mientras que las islas Canarias lo han conseguido. Son muestras contradictorias -algunas se antojan grotescas-, situaciones diferenciadas para realidades comunes marcadas por el determinismo geográfico.
