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Ben Gerson
Simon Pemberton, químico especialista en materiales de Applied Devices, es escoltado por guardias seguridad a los estacionamientos de la empresa, donde una ejecutiva de Recursos Humanos le informa que está despedido. Hasta ese momento, las cosas parecían ir bien. Simon sabía, por supuesto, del programa de tolerancia cero de AD, pero nunca pensó que lo hubiera trasgredido, especialmente porque su uso no autorizado del correo electrónico e Internet estaba destinado a cumplir objetivos de investigación científica. Don Hardee, el CEO, creía que las desviaciones respecto a estándares definidos de comportamiento no deberían ser toleradas en AD. El peligro para la salud, seguridad y estado de ánimo de los empleados, sin mencionar la productividad y reputación de la empresa, eran demasiado grandes. Shirlee North, la jefa de Recursos Humanos, estaba de acuerdo. Desde que el exaltado marido de una empleada irrumpiera por los pasillos de AD pistola en mano, los empleados han estado clamando por seguridad, y el programa de tolerancia cero provee eso. Inicialmente el programa sólo incluía las armas y la posesión de droga, pero la lista de inconductas que garantizan el despido ha crecido considerablemente. Cuando la segunda de Shirlee en el área argumenta que tales políticas no van a funcionar y son injustas, Shirlee destaca que la empresa interviene sólo cuando la acción estaba claramente prohibida, el daño efectuado o inminente, y la evidencia no ambigua. ¿Están en lo correcto Shirlee y Don en mantenerse firmes, o Applied Devices debería modificar su programa? Comentan este caso de estudio de ficción Janet Parker, vicepresidenta de recursos humanos de AmSouth Bank; Eugene Volokh, profesor de la Escuela de Derecho de UCLA; Jean Halloran, vicepresidente senior de recursos humanos de Agilent Technologies; y Michael G. Cherkasky, presidente y CEO de Marsh & McLennan.
