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Susana Rodríguez Escanciano 
El nuevo reparto del poder político entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Corporaciones Locales, que el Pacto Local diseña, plantea como necesidad inmediata la de contar con el personal necesario para gestionar las nuevas competencias asumidas por dichas Entidades Locales. La primera cuestión a resolver se centra, por tanto, en determinar si la plantilla destinada al efecto debe constituirse ex novo o si, por el contrario, procede utilizar los medios humanos de la Comunidad Autónoma que vienen gestionando las competencias transferidas en favor de los Entes Locales. El propio Pacto Local apuesta por la segunda medida, posibilitando el traspaso de medios humanos (funcionarios y laborales) desde la Comunidad Autónoma a las Entidades Locales al objeto de evitar la duplicación de efectivos. Ello provoca serias consecuencias para el personal afectado, derivadas de la necesidad de armonizar o cohonestar las exigencias organizativas consecuentes a la materialización de la previsiones incorporadas al Pacto Local con la defensa de los derechos profesionales e intereses particulares de los empleados públicos inmersos en este proceso.
