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La búsqueda de racionalidad en el uso social de la tierra tiene un carácter paradójico en las sociedades industriales, y está todavía en el centro de los debates sociales, tanto en relación con el crecimiento urbano y el urbanismo como con el desarrollo de la producción agrícola y de la política agrícola. En las economías industriales desarrolladas, el uso social del suelo (agrícola y ganadero) está ligado a los sistemas de precios que impone -o mantiene- la gestión del crecimiento industrial, en lo que a alimentación y vivienda se refiere; está ligado, también, a la modalidad y al tipo de impuesto sobre la "renta" de los propietarios agrarios: es decir, a la renta de la tierra. La mejor solución parece ser la propiedad directa del suelo por parte de quien lo usa (cultivo directo, vivienda), ya que entonces el "impuesto sobre la renta" grava exclusivamente al agricultor; aunque este sistema agrario de la tierra debe ser administrado. Así pues, la política de la tierra en las sociedades industriales puede definirse, por una parte, como el conjunto de medidas dirigidas a eliminar las formas sociales del uso del suelo (agrícola o urbano), por incompatibilidad con la gestión del crecimiento industrial (o con la acumulación de capital) y, por otra parte, como el conjunto de medidas destinadas a administrar la reproducción de formas sociales compatibles con esta gestión de la industrialización.
