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Los expertos reunidos en el I Congreso Nacional de Dependencia coincidieron en señalar algunas recomendaciones al Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Las más destacables apuntan a que la falta de carácter básico de la ley afectará a su seguridad jurídica y a la garantía de las prestaciones mínimas. En esta línea se manifestó, entre otros, el catedrático de Derecho Civil Javier Orduña, quien además advirtió -como el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Fernando Valdés Dal-Re- que se "dejan demasiadas cosas para el desarrollo reglamentario". Orduña subraya que la ley debería contemplar un Estatuto básico de la Dependencia, sin esperar al reglamento. Recomienda, por otra parte, que la ley establezca un marco de actuación concertada, es decir, un convenio marco de obligado cumplimiento por todas las autonomías para garantizar la credibilidad, la justicia y la igualdad. De esta forma, los convenios autonómicos tendrían que limitarse a la ejecución de las garantías mínimas, evitando dos situaciones posibles: que un reglamento establezca condiciones básicas, y que las leyes autonómicas regulen cuestiones distintas.
