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Luis Ramón Ruiz Rodríguez 
Las tarjetas bancarias, de crédito y de débito, han constituido tradicionalmente el objeto central de los ataques no violentos a patrimonios de las entidades bancarias y de sus clientes, a partir de la utilización de tecnologías basadas en el desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones. Si bien otros fraudes y ataques patrimoniales se han sumado a estas prácticas, el fraude de tarjetas sigue constituyendo una realidad criminológica de primer orden.
La respuesta del Derecho penal a estas prácticas viene manteniendo una notable falta de sistemática, que en cierto modo ha sido sustituida por la actuación de los tribunales, distribuyendo éstos la variada fenomenología delictiva en los diferentes tipos penales que mejor acomodo han encontrado. La ausencia de un delito de fraude con tarjetas, la posibilidad de actuar ilícitamente con tarjetas reales o de confección falsa, el uso de las mismas en cajeros automáticos, en comercios o su numeración por Internet, dificultan de forma notable la calificación jurídica de las conductas. Los tribunales vienen aplicando los delitos de robo con fuerza, estafa y estafa informática según la concreta ejecución de la conducta delictiva derivada del uso ilícito de la tarjeta, si bien la voluntad de reducir al máximo los espacios de impunidad ha llevado en algunas resoluciones judiciales a forzar la interpretación de los tipos penales más allá de lo exigible.
A ello es preciso sumar el incongruente tratamiento que ha dado el legislador a la falsificación de tarjetas bancarias, asimilándola de forma genérica a la falsificación de moneda, provocando una interpretación nuevamente extensiva del Tribunal Supremo y asignándole una penalidad a todas luces desorbitada.
El recurso al principio de legalidad y al de protección exclusiva de bienes jurídicos se impone en una materia normativamente confusa y con un tratamiento judicial errático.
