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Baltasar de la Cruz Rodríguez
Los bienes urbanísticos son objeto de protección por el Derecho penal, sin embargo, no es hasta la aprobación de los artículos 319 y 320 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal vigente, que se presentan, “strictu sensu”, los delitos relacionados con la ordenación del territorio. El derecho urbanístico comprende procesos bien diferenciados de ordenación territorial y su transformación física a través de la urbanización y edificación del mismo, afectando todas estas fases a los tipos delictivos contemplados en este artículo. La incriminación penal se había venido centrando en las fases de construcción y edificación, marginando la actividad de planeamiento, como la recalificación, en la que ha sido muy importante la corrupción.
The urban property are protected by criminal law, however, is not until the adoption of articles 319 and 320 of the Organic Law 10/1995, 23 November of Penal Code, that is presented, "strictu sensu" offenses related to spatial planning. Urban law comprises distinct spatial planning processes and physical transformation through the development and construction, affecting all these criminal types covered in this article. The criminal indictment had been focused on building and construction phases, marginalizing the planning activity as the reclassification, which has resulted in a major corruption.
