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Este artículo analiza cuáles podrían ser las consecuencias que, desde una perspectiva estrictamente civil, se derivarían del incumplimiento de las obligaciones administrativas que establece la normativa de control de concentraciones española. Los autores argumentan la validez de los actos jurídicos que realiza una empresa que ha ejecutado una operación de concentración sin obtener la preceptiva autorización administrativa. Asimismo, analizan los efectos civiles en los actos jurídicos que pudieran entrañar un incumplimiento de las condiciones a las que se sometería una autorización de concentración. Para ello con carácter previo, el artículo repasa la jurisprudencia que aplica el artículo 6 del Código Civil en casos de infracción de otras normativas de naturaleza administrativa en ámbitos tales como el de las viviendas de protección oficial o la normativa de inversiones extranjeras o los pactos de quota litis.
