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Las acciones de la autoridad gubernamental que son contrarias a las preferencias o los intereses de los gobernados requieren legitimación. En los sistemas políticos democráticos, tales acciones pueden legitimarse bien en términos de proceso decisorio, haciendo referencia a las preferencias colectivas de los gobernados o bien en términos de resultado 1, por referencia a sus intereses comunes. Ambos tipos de argumentos de legitimación se complementan y se refuerzan mutuamente en el Estado nacional; y ambos encuentran su fundamento en las instituciones políticas, que deben asegurar la dependencia directa o indirecta de los gobernantes respecto de los gobernados, posibilitar una acción política eficaz y evitar el abuso de poder.
Más allá del Estado-nación no sólo se carece de los requisitos institucionales esenciales para posibilitar una legitimación en términos de proceso decisorio democrático, sino también se carece de una robusta identidad colectiva que facilite la formación de unas preferencias colectivas que legitimen la redistribución forzosa y los sacrificios no compensados.
La legitimación en términos de resultado, aunque posible en este caso, aparece como limitada en su alcance. No podría legitimar la vulneración de intereses fundamentales de los gobernados. En la Unión Europea la observancia de tal limitación normativa se garantiza en efecto mediante la estructura de vetos de sus instituciones «políticas».
Sí pueden aparecer, no obstante, déficit de legitimación, que se deberían entonces a los actos con efecto legal inmediato de las instituciones «no políticas» de la UE (el Banco Central Europeo, el Tribunal Europeo de Justicia y la Comisión Europea en los pro14 FRITZ W. SCHARPF Revista Española de Ciencia Política. Núm. 13, Octubre 2005, pp. 13-50 cedimientos de violación de los tratados), por no estar sometidas estas al control último de instancias políticamente responsables.
Fuera de la UE, la gobernación en el nivel internacional carece de eficacia jurídica inmediata.
Se mantiene por ello intacto el fundamento de la legitimación de los acuerdos entre gobiernos nacionales (responsables políticamente ante sus votantes). Al contrario que en la UE, ni la redistribución internacional ni una acción solidaria internacional pueden imponerse mediante instancias supranacionales o por decisión mayoritaria. Y aunque tales acciones no quedan categóricamente excluidas, su legitimación sólo puede basarse en términos de proceso, mediante discursos en el seno de los sistemas políticos nacionales, cuyos ciudadanos son libres para definir sus preferencias tanto de modo solidario como altruista.
