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La República Dominicana implantó una reforma sistémica del régimen nacional de pensiones, efectiva el 1º de junio de 2003, estableciendo un régimen sustitutivo de pensión sujeto a gestión privada, en reemplazo de un deficiente régimen de beneficios definidos bajo gestión pública. El régimen fue instaurado en vísperas de una severa crisis económica, y las restricciones a la inversión en emisiones del Banco Central originaron un rendimiento real negativo del 22 por ciento en el primer año de operaciones, aunque se prevé una reversión a un rendimiento acumulativo positivo a partir del segundo semestre del año 2005. El nuevo régimen no ha logrado aumentar la cobertura integral; requiere adecuaciones estructurales y operacionales, y todavía no ha acreditado el bono de reconocimiento, capitalizado a las cuentas individuales. Asimismo, requiere permitir la reafiliación optativa al régimen de reparto de miles de asegurados de edad avanzada que fueron incorporados al régimen de capitalización individual, cuya pensión será muy inferior a la de reparto, y fomentar la transparencia del mercado de anualidades y de la calificación para pensiones de discapacidad y sobreviviente.
