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En los últimos años se ha intensificado el proceso por el cual Administraciones públicas territoriales y entidades financieras se han convertido en promotores o propietarios de negocios de tipo turístico, asistencial o sanitario. El sector público territorial ha asumido la gestión o promoción de servicios de alojamiento fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por considerar el turismo como uno de los elementos clave del desarrollo económico regional y la asistencia social o sanitaria como un bien preferente cuya provisión debería garantizar. En segundo lugar, por variables de tipo demográfico -el envejecimiento de la población española- o de carácter cultural -una mayor valoración y disponibilidad de tiempo de ocio-. Las causas que han impulsado al sector financiero han sido otras. Por un lado, diversas entidades han devenido propietarias de las instalaciones como consecuencia de los ingresos de los préstamos que habían concedido con garantía hipotecaria. Desde otro punto de vista, y dentro del proceso de diversificación de sus negocios, algunos han decidido introducirse en nuevas ramas de actividad con potencialidad futura. A las cajas de ahorros, en particular, les han movido también razones semejantes a las del sector público territorial, y han intentado cubrir la demanda que percibían a través de su obra social. En este artículo se realiza, tras una introducción, un análisis sobre el tamaño del sector para, a continuación, aportar algunas reflexiones que pretenden introducir mejoras en la gestión.
