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Durante los últimos años se ha producido en la Unión Europea un importante aumento de la producción de legislación ambiental y un progresivo endurecimiento de las exigencias a las empresas, ciudadanos y a la propia Administración respecto de las medidas a aplicar en materia de protección del medio ambiente. Uno de los elementos más relevantes de esta evolución se refiere al esfuerzo, cada vez más intenso, de delimitar las responsabilidades y obligaciones que afectan a los agentes que en su actuación pueden generar un impacto en el medio ambiente.
