Los gastos sociales han tenido un destacado protagonismo en la expansión del sector público en los países industrializados, contribuyendo a una redistribución más equilibrada de la renta y la riqueza. Sin embargo, en la actualidad existen presiones para redefinir el papel de los Estados en la economía y para disminuir la implicación pública en la provisión de bienes y servicios. Estas tensiones afectan a España en un momento político en el que es necesario elevar los gastos sociales para converger con la Unión Europea.