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Este artículo destaca la solidez fiscal que se ha observado desde 1987 en la economía chilena. Sostiene que el hecho de que sucesivos gobiernos hayan adherido a ella no es casualidad sino que el resultado de reformas legales gestadas desde hace décadas que han concentrado las decisiones en este ámbito en el Presidente, evitando que el resultado fiscal quede librado a una serie de actores independientes y no necesariamente consistentes entre sí. Este marco general se ha reforzado con un presupuesto integral aprobado por el Congreso que, con la excepción de las empresas públicas y de los municipios, abarca a todos los órganos del Estado. En opinión del autor, otros factores que han robustecido la política fiscal son la indexación a la inflación del sistema tributario, el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, la prohibición de afectar los impuestos a un determinado gasto.
El logro de cuentas públicas sólidas ¿un superávit global promedio de 1 por ciento entre 1987 y 2004¿ tampoco podría haberse alcanzado, en opinión de este estudio, si la decisión de endeudamiento de las entidades del sector público no estuviese centralizada en la Dirección de Presupuestos, si las empresas públicas no requiriesen de autorización expresa del Ministerio de Hacienda para contratar un crédito y si los gobiernos locales no necesitasen de una ley para endeudarse.
La política fiscal, además, se ha perfeccionado a través de la creación de nuevas instituciones que apoyan la necesaria acción contracíclica de esta política. Se destacan y analizan aquí el fondo del cobre y la regla del superávit estructural. Además, contribuyen a una política fiscal prudente la autonomía del Banco Central y el desarrollo de los mercados financieros, verdaderos evaluadores externos de dicha política. Por último, el autor valora el consenso político que se ha generado en torno a una política fiscal responsable.
