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Alexander Galetovic, Pablo Jordán
En este estudio se muestra que entre 1940 y 2002 la superficie urbanizada de Santiago se multiplicó casi seis veces, desde 11.017 ha hasta 64.140 ha y el número de habitantes creció desde poco menos de un millón hasta 5,5 millones. Sin embargo, la densidad ajustada (el número de habitantes por hectárea urbanizada) no mostró tendencia y en 2002 era muy parecida a la de 1940 (85,1 hab/ha contra 89,2 hab/ha). Se concluye, así, que Santiago sigue siendo apreciablemente más denso que las ciudades de países desarrollados, aunque es menos denso que las ciudades de países asiáticos de ingresos bajos.
Los autores sostienen que la evolución y crecimiento de la ciudad durante la segunda mitad del siglo veinte ha estado determinada por dos políticas públicas. Una son los programas de vivienda social del Minvu, autor material de buena parte del crecimiento de la ciudad hasta mediados de los años ochenta. La otra es el Plan Regulador Intercomunal de 1960 (PRIS), que introdujo y planificó las vías intercomunales (las mismas que luego serían concesionadas) y con ellas configuró al Santiago contemporáneo. Estas vías, junto con transporte público abundante, permitieron que la mayor población se repartiera en un área más extensa. Ahora bien, Santiago no se extiende porque "se está comiendo al resto de Chile" (desde el censo de 1952 la fracción de la población urbana chilena que vive en Santiago está fija en poco más de 42%); tampoco porque a sus habitantes se les regale la infraestructura que demandan (por casi toda la infraestructura se paga); ni tampoco porque se haya eliminado el límite en 1979 (el decreto sólo estuvo vigente por seis años y durante esa década la tasa de crecimiento fue la menor de las últimas seis décadas). Por último ¿se señala¿, es claro que el límite es ineficaz si se trata de contener el crecimiento urbano. La ciudad creció de manera parecida en épocas en que no existía (antes de 1960) y cuando fue aplicado con más o menos rigor. Más aún ¿advierten los autores¿ el principal trasgresor ha sido el Minvu, que también es el encargado de fijarlo.
