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Equidad y redistribución constituyen dos principios básicos sobre los que se asienta el sistema público de pensiones español. La equidad es esencial en un sistema que se basa en un acuerdo implícito entre generaciones por el que los trabajadores hacen aportaciones a una caja común con la que se financian las prestaciones de aquellos que ya están jubilados. Los criterios de redistribución se visualizan, sobre todo, en las pensiones no contributivas, que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y donde el derecho a percibir la prestación viene determinado por la necesidad de los beneficiarios.
