Acceso usuarios
Saturnina Moreno González 
El propósito de este trabajo es doble. En primer lugar, se analiza detenidamente el contenido de varias sentencias del Tribunal Constitucional (en especial, las SSTC 102/2005, de 20 de abril, y 121/2005, de 10 de mayo), que han declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (LPEMM), tanto en su versión originaria como en la derivada de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, por entender que dichos preceptos son contrarios al principio de reserva de ley previsto en el artículo 31.3 de la Constitución española. En segundo término, y una vez expuestos los fundamentos jurídicos sobre los que se erigen ambos pronunciamientos, se realizan diversas reflexiones sobre algunas de las cuestiones que, a nuestro juicio, pueden suscitarse tras la aparición de estas esperadas resoluciones. En concreto, se destacan los posibles efectos que estas sentencias podrían tener sobre la calificación jurídico-tributaria de las contraprestaciones exigidas a los usuarios de servicios públicos prestados por gestores privados; pero también se cuestiona si, a partir de la argumentación construida en ambas sentencias, podría considerarse que el Alto Tribunal modifica o matiza la doctrina por él mismo establecida en relación con el concepto y caracteres del tributo (en particular, de la tasa) y su diferencia respecto de la categoría, en principio más amplia, de "prestación patrimonial de carácter público".
