Las Administraciones Públicas deben propiciar condiciones que favorezcan la participación de los jóvenes, proporcionando los canales adecuados para que sean ellos mismos los que evalúen sus problemas y aporten las soluciones. Las políticas de juventud deben contar con el concurso de los propios jóvenes, potenciando medidas transversales que tiendan a mejorar la cantidad y la calidad del empleo, que favorezcan el acceso a la vivienda, la educación para la salud y la cultura.