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Francisco Ignacio Seral Iñigo
La Comisión Europea ha abierto un debate sobre el «envejecimiento activo» con el objetivo de buscar políticas adecuadas al reto del envejecimiento de la población. Al reducirse el segmento más joven de la población en edad de trabajar y al mismo tiempo aumentar el número de personas mayores y jubiladas, es necesario «crear una sociedad europea para todas las edades», lo que plantea importantes desafíos en temas de protección social, de empleo y de salud. La principal dificultad es que una sociedad activa en todos sus segmentos de edad exige la aplicación de una estrategia que permita a las personas mayores seguir participando en la vida laboral y social, contribuyendo a frenar la caída de la mano de obra disponible. Para contrarrestar las repercusiones del rápido envejecimiento demográfico en el mercado de trabajo y en la protección social es necesario actuar tanto en la promoción del «envejecimiento activo», como en promover la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso de las mujeres a puestos de trabajo más estables y mejor remunerados y logrando conciliar la vida familiar y laboral. Para que sea posible la promoción del «envejecimiento activo» es necesaria adoptar estrategias de ciclo vital que permitan alargar la vida profesional de los trabajadores de cualquier edad.
La tendencia a reducir la edad media de jubilación real debe ser modificada para no acentuar el nivel de dependencia de las personas mayores. Para ello es necesario impulsar las formas de trabajo a tiempo parcial y la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de quienes continúen trabajando después de los 65 años de edad. Pero en nuestro sistema de Seguridad Social la norma penaliza la jubilación antes de cumplir los 65 años al disponer una disminución permanente de la cuantía a percibir por pensión de jubilación. Son muchos y complejos los factores que conducen a la jubilación anticipada, y entre ellos hay que señalar que para empresarios, sindicatos y trabajadores es más fácil repercutir los problemas del mercado de trabajo sobre los regímenes de pensiones en lugar de aportar los cambios necesarios para modificar la edad de jubilación. Para que las pensiones sean viables será preciso limitar el acceso a la jubilación anticipada aumentando la tasa de empleo de la población en edad de trabajar y modificar los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación. Los interlocutores sociales deberían introducir en los Convenios Colectivos la posibilidad de combinar diversas formas de remuneración salarial con fórmulas de jubilación progresiva.
La Comisión Europea quiere impulsar la prolongación de la vida laboral de los mayores de 65 años, pero para que ello se convierta en realidad en nuestro país, es necesario modificar la normativa laboral y de Seguridad Social con participación de los interlocutores sociales y es imprescindible mentalizar a los trabajadores de que cuando se logre la consolidación del sistema de Seguridad Social, no hay motivos para que desconfíen de obtener una jubilación digna que les garantiza la Constitución Española
