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, Jesús Llorente
Nuestra función pública responde a un sistema de ordenación mixto: por una parte, se conservan los cuerpos a efectos organizativos y, por otra, se pone especial énfasis en los puestos de trabajo. Esta orientación establecida a favor de los puestos (típica de los sistemas de empleo) y la exigencia de que, para la obtención de los documentos de ordenación del personal que señala la Ley (Catálogos y Relaciones de Puestos de Trabajo), deba realizarse una descripción/definición de los mismos, evidencia la necesidad por parte de las Administraciones de iniciar procesos de valoración de tareas. Dichos procesos distan de ser bien conocidos y aplicados, sobre todo en la Administración Local, pues responden a complejas integraciones de intereses, de actores diversos, en perspectiva dinámica. Las valoraciones en este contexto, lejos de ser un mero problema técnico, cobran una nueva dimensión de complejidad: la gestión de un proceso participativo, pródigo en ocasiones para la artesanía y la discrecionalidad
