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En el presente trabajo se aborda el estudio de las técnicas urbanísticas que la Administración aragonesa ha articulado para hacer frente al parcelismo ilegal. Este fenómeno, muy grave en algunas zonas del territorio aragonés, genera un gran número de problemas ambientales, urbanísticos y de ordenación territorial a los cuales no puede ser ajena la Administración pública. En este sentido, el Gobierno aragonés aprobó el Decreto 77/1995, de 18 de abril, por el que se regula la elaboración y ejecución de los Planes Especiales de Regularización Urbanística, instrumentos cuyo encaje en el conjunto del ordenamiento urbanístico es, pese a la loable finalidad que se persigue, más que discutible.
