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Alicia Montalvo Santamaría
Desde su adopción en el año 2000, la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa se ha encontrado con dos escollos: el deterioro de la situación económica internacional y la inexistencia de mecanismos comunitarios para forzar su aplicación. La coordinación de las políticas económicas asumida voluntariamente por los Estados miembros y basada en la supervisión multilateral se ha transformado progresivamente en un proceso de examen global, continuo y público liderado por la Comisión y más centrado en lo no realizado que en lo acometido. Los gobiernos se han visto aislados frente a su opinión pública en sus procesos de reformas y han hecho responsable al marco comunitario de sus difíciles situaciones económicas, poniendo en tela de juicio su autoridad para formular recomendaciones. Así, en 2005, el Consejo Europeo ha optado por revisar la Estrategia y apoyar un modelo más basado en la economía política de la reforma económica esto es, en cómo facilitar su aplicación y aceptación, minimizando el coste político, que en recomendaciones específicas de política económica. Será necesario esperar algún tiempo para ver si este nuevo enfoque es más efectivo para reforzar la acción de los gobiernos en materia de reforma económica o si, por el contrario, éstos han perdido su aliado más importante y deberán asumir en solitario el precio político de sus iniciativas, con el riesgo de no adoptarlas.
