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A la vista del contenido del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, debe concluirse que, en realidad, no nos encontramos ante una reforma laboral sino, más bien, ante una mera continuación de las reformas realizadas en los años 1997 y 1998. En vez de afrontar una reforma laboral en profundidad el Ejecutivo ha optado por un texto normativo más tibio, dejando en el tintero aspectos que, recién aprobada la reforma laboral, ya vuelven estar sobre la mesa. Cuestiones como la intervención de la Administración en los procesos de despidos colectivos, la modernización de la negociación colectiva o la situación de los sistemas públicos y privados de pensiones, exigen un detenido análisis, un profundo y decidido diálogo con patronal y sindicatos y, en fin, una revisión radical y definitiva que aproxime nuestra legislación laboral a la del resto de socios comunitarios.
