El agua es un bien público y, como tal, se precisa de la intervención decidida de los Gobiernos para garantizar y regular la prestación de los servicios que requiere. Para asegurar la calidad en el suministro de los servicios de agua a todos los ciudadanos a precio razonable es necesaria la promoción de intercambios de derechos de agua bajo control público, permitiendo con ello el bienestar de los ciudadanos.