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Alberto de la Peña Gutiérrez
La auditoría ha sido una de las instituciones emergentes con más fuerza del proceso regulatorio que se originó a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa por la incorporación de España a la Unión Europea, estableciendo para numerosas empresas, que previamente no habían sentido esa necesidad en sus relaciones contractuales, la obligación de someter sus cuentas anuales a la supervisión de expertos independientes. Esta situación nos ha llevado a analizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la posibilidad de que pequeñas empresas, próximas a cumplir los parámetros contemplados por la legislación para establecer la obligatoriedad de las cuentas anuales, con estructuras de gobierno caracterizadas por una gran concentración del capital en manos de los socios y un escaso grado de separación entre la propiedad y el control, hayan decidido poner en marcha mecanismos de diversa naturaleza, contables o estratégicos, para evitar alcanzar las mencionadas cifras y eludir, de esta manera, dicha obligación legal, al considerar la auditoría, no como un mecanismo reductor de los costes contractuales, sino como un coste neto más. El resultado de la investigación revela como, efectivamente, en Castilla y León, Comunidad caracterizada por un tejido empresarial con estructuras de gobierno similares a las anteriormente descritas, estas empresas encuentran menos útil, en términos coste/beneficio, la auditoría, por lo que son más proclives a implantar mecanismos para eludirla o, en última instancia, a incumplir deliberadamente el marco regulador negándose a auditar sus cuentas anuales a pesar de estar legalmente obligadas a ello
