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La irrupción de las nuevas tecnologías en el proceso electoral ha propiciado, entre otras cosas, la puesta a disposición del ciudadano y del parlamentario de instrumentos tecnológicos para el ejercicio de su derecho de voto. La utilización de las nuevas tecnologías en este ámbito vendría justificada por sólidas razones que redundarían en una serie de mejoras y ventajas ocasionadas por la sustitución de instrumentos clásicos por otros de naturaleza más moderna y que usualmente denominamos avances tecnológicos.
Dos premisas deberían quedar, en cualquier caso, claras. Por un lado, los avances tecnológicos están supeditados al derecho de voto, de suerte que todo mecanismo debe servir a la máxima efectividad del derecho, esto es, debe permitir de la mejor forma posible la emisión del voto. Por otro lado, la sustitución de un instrumento por otro distinto debe realizarse cuando concurran dos condiciones: una, que el mecanismo utilizado no satisfaga adecuadamente los intereses a que se orienta; segunda, que la nueva herramienta resuelva los problemas o deficiencias detectadas o, al menos, incorpore ventajas o mejoras respecto a la anterior.
La mayor parte de las veces en que se somete a debate nuestro sistema electoral no se cuestiona ni el modo ni la naturaleza del derecho de voto. Quizá la única excepción haya sido el voto por correspondencia, que, como es sabido, ha experimentado ciertas reformas y ha suscitado algún que otro pronunciamiento jurisprudencial. El presente trabajo pretende adentrarse en dicho debate, a partir del examen del proyecto de ley de voto electrónico de Euskadi.
