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Rafael Jiménez Asensio 
La Justicia, amén de ser un poder del Estado, es un servicio público. Ésta es una idea que aparece claramente reflejada en el Libro Blanco de la Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en 1996. A partir de aquí, se aprecia la necesidad objetiva de que la Administración de Justicia funcione de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia y, en consecuencia, adapte sus estructuras y organización a parámetros de actuación que ya están presentes en el resto de las Administraciones Públicas.
Las implicaciones que ofrece el tema de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia son muy diversas. Cabría partir del tratamiento de los problemas informáticos en la Administración de Justicia y llegar al impacto de las nuevas tecnologías en el espacio de la Justicia. No menos interesante sería analizar en qué medida la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia afectan o pueden hacerlo a espacios propios de la intimidad personal. Dicho de otro modo, en qué medida pueden verse afectados los derechos protegidos en la Ley de protección de datos de carácter personal.
Pero sobre todas estas materias se ha escrito ya bastante. Se trata de cuestiones ampliamente debatidas por la doctrina. Por eso, quizá resulte más revelador estudiar, desde una óptica diferente, el proceso institucional de implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Un estudio que atiende al dato normativo del proceso, así como a los pasos más significativos de este difícil proceso de adaptación del sistema judicial español al complejo mundo de las nuevas tecnologías. Y estudio, por lo demás, eminentemente descriptivo, aunque compatible con algunas reflexiones críticas.
