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El artículo aborda la situación jurídica de los servicios de prevención ajenos como entidades especializadas que prestan su asesoramiento y apoyo al empresario en la asunción de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en cuanto a los requisitos necesarios para poder obtener y mantener la acreditación necesaria por parte de la autoridad laboral, como a las limitaciones a las que se encuentran sujetas durante el ejercicio de sus actividades. También se analizan muy brevemente los distintos tipos de responsabilidades (administrativas, civiles y penales), a las que se pueden ver sujetos los servicios de prevención y el personal a su cargo, derivadas del desarrollo de sus actividades para las empresas concertadas.
