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Ángela Figueruelo Burrieza 
En el presente estudio nos hemos preocupado, desde la óptica del derecho constitucional, de comentar y cuestionar la Sentencia de 23 de enero de 2004, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se condenó a once Magistrados del Tribunal Constitucional al pago de una indemnización de 500 euros al demandante en amparo (Abogado en el ejercicio de la profesión), por la inadmisión de una demanda de amparo. Con ella se ha conmocionado el inestable equilibrio de las máximas instituciones jurisdiccionales sin base en una reflexión jurídica seria. La resolución pedida por el recurrente caía fuera de las competencias del TC y además iba dirigida a un Tribunal cuya abstención se había solicitado con carácter previo. El problema central está no en saber si el Alto Tribunal actuó de forma correcta o no lo hizo así, sino en establecer quién es competente para decidirlo. Consideramos que a la hora de determinar cuándo es admisible un recurso de amparo constitucional, y de apreciar cuándo el grado de motivación de una Sentencia viola el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), la competencia le corresponde al Tribunal Constitucional
