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Las abundantes concentraciones mediáticas sucedidas en los últimos diez años pueden examinarse desde una doble perspectiva: como hechos lícitos propios de mercados económicos liberales y, a la vez, como operaciones que, inevitablemente, juegan a favor o en contra del pluralismo informativo y, por tanto, de la formación de una opinión pública libre. Este artículo examina la cuestión desde esta segunda perspectiva, a partir de la búsqueda de los argumentos iusinformativos de control que la Comisión Europea ha esgrimido en relación con las concentraciones de medios, con dimensión comunitaria, ocurridas en España entre 1990 y 2004.
