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Carmen Martínez Ten
La política comunitaria de fomento de la igualdad de trato tiene su origen en el mismo Tratado de Roma, que en su articulo 199 recoge el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Desde entonces la Comunidad se ha ido dotando de estructuras, de servicios administrativos y de instrumentos técnicos que se ocupan específicamente de los temas relacionados con las mujeres y con el principio de igualdad de oportunidades (Oficina para el empleo y la igualdad de las mujeres de la Dirección General de Asuntos Sociales, la Unidad de mujer y desarrollo en la Dirección General de Desarrollo de la Comisión. El Comité Consultivo para la igualdad entre hombres y mujeres, la Comisión de los derechos de la mujer del Parlamento Europeo, etcétera). A partir da los años setenta, se aprobaron las primeras directivas de las Comunidades Europeas relativa a la mujer que constituyen el marco jurídico que ha orientado a los Estados miembros de la Comunidad y han influido decisivamente en el desarrollo del principio de igualdad en los marcos legislativos nacionales. Como la realidad social ha demostrado que no basta con modificar las leyes para hacer desaparecer los obstáculos que impidan la integración de las mujeres en pie de igualdad en la vida política, económica y cultural, la Comunidad ha elaborado Programas de Acción (Programa de Acción 1982-1985 y Programa Comunitario a Medio Plazo 1986-1990, aprobado por el Consejo en 1986). Los Programas definen un importante número de acciones concretas, identificando los organismos ejecutores en cada caso.
Desde la perspectiva de nuestro país, parece evidente que en el problema de la mujer, debemos movernos en el marco europeo, y una buena prueba de ello es que en el desarrollo del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988-1990, el Instituto de la Mujer siguió en muchas de las actuaciones, relacionadas con la educación y el empleo, el contenido del Segundo Programa Comunitario a Medio Plazo 1986-1990.
