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María Holgado González 
En este artículo se pone de manifiesto la divergencia entre el reconocimiento que la Constitución hace de los partidos políticos como elementos esenciales para el funcionamiento de la democracia y su absoluta indiferencia al regular las instituciones parlamentarias. Ello se debe al mantenimiento de esquemas clásicos del parlamentarismo liberal como la prohibición del mandato imperativo que tiene un difícil encaje en el actual Estado social de Derecho, como han revelado casos recientes de nuestra práctica política. Por todo ello, se propone adaptar el régimen jurídico a la nueva realidad política y optar por un mandato ideológico vinculado al programa.
