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Alfonso Herrera García
En los últimos años, el Derecho Electoral en México ha experimentado un desarrollo extraordinario. Si estudiamos las instituciones que la reestructurada nación mexicana se otorgó, a través de su ordenamiento fundacional del 5 de febrero de 1917, para organizar y regular el ingreso a los cargos públicos de elección popular, y las comparamos con los sistemas y reglas consagrados en nuestra actual Constitución, arribaremos a la conclusión irrefutable de que se ha alcan-zado un estadio de evolución tan irreversible cuanto prometedor en esta materia.
Las exigencias sociales internas y externas que se han sucedido a lo largo del devenir histórico posrevolucionario mexicano, han logrado moldear y propulsar esquemas cada vez más confiables y democráticos de acceso al poder público, los que, si bien no pueden ser considerados insuperables, sí han logrado estabilizar el sistema político, al grado que en nuestra época no nos es insólita, ni mucho menos, la sucesión pacífica y civilizada de la titularidad de los cargos públicos sujetos a elección ciudadana.
