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La reforma que los países de América Latina emprendieron durante el decenio de 1990 en el sector bancario constituyó un importante avance, pero ha resultado insuficiente. Si bien es cierto que la región en su conjunto adelantó en ella de manera significativa, particularmente en la disminución del papel del Estado; que se perfeccionaron los mecanismos de mercado y el marco regulatorio en que operaban las instituciones bancarias y que al mismo tiempo se incrementó la presencia de operadores extranjeros, no es menos cierto que, en su mayoría, los países latinoamericanos siguieron experimentando crisis sistémicas o severas inestabilidades bancarias. Esto indica que aún existen temas pendientes que deben ser abordados para contar con un sector bancario sólido en la región. Destaca entre ellos la necesidad de avanzar más hacia una mayor autonomía efectiva de los entes fiscalizadores, separando la supervisión bancaria de las decisiones económicas y políticas coyunturales. La supervisión bancaria debe considerarse una cuestión de Estado, lo que significa privilegiar su carácter técnico y profesional: para superar las dificultades en la materia es esencial una genuina voluntad política de llevar a cabo las transformaciones requeridas. El artículo destaca la necesidad de abordar algunos temas estructurales, como la supervisión de conglomerados financieros, la concentración excesiva del mercado a nivel nacional y regional en unas pocas instituciones, y su relación con las redes de seguridad para contener crisis sistémicas, que resultan insuficientes. En cuanto a los aspectos regulatorios, el estudio considera que es preciso mejorar la transparencia y las reglas del mercado en general, así como los mecanismos de evaluación del riesgo de cartera y de créditos relacionados, especialmente en lo que se refiere a la aplicación efectiva de las normas existentes.
