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David Carrión Morillo
La toma de conciencia, por parte de la Administración española, de la protección de los derechos de los ciudadanos en el ordenamiento tributario ha llevado mucho tiempo. Este proceso ha sido lento, arduo y, a menudo, ineficaz. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, supone una importante mejora en este terreno.
