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En las últimas semanas se ha conocido la propuesta del Tripartito catalán, que supone la ruptura con los mecanismos de financiación autonómica actualmente existentes. En ella, el Gobierno de Cataluña es el que recauda, para desde esta posición prevalente, respecto del Gobierno de España, poder negociar el dinero que se transfiere para el desarrollo de las tareas globales que ha de desempeñar en el conjunto de la sociedad española. En este artículo se analizan las consecuencias que la subordinación estatal puede ocasionar en los derechos de los ciudadanos.
