España es el país de la UE-15 que dedica un porcentaje menor de su PIB al gasto público sanitario. Además, el gasto público sanitario por habitante también es el más bajo de la UE-15. Este bajo gasto público sanitario está determinando una polarización social de la sanidad española de manera tal que un número creciente de personas del 30-35% de renta superior del país están utilizando los servicios privados mientras que el 60-65% restante de la población utiliza los servicios públicos. Esta polarización sanitaria no beneficia a ninguno de los grupos ni clases sociales. Otro elemento preocupante es que el gasto público sanitario español está creciendo menos rápidamente que el promedio de crecimiento de la UE-15, lo cual determina una desconvergencia de gasto público social entre España y la UE-15 que debe revertirse.