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Eva María del Pino Villarrubia
En sociedades donde el Estado de Bienestar está presente, no podemos excluir a aquellos colectivos que conviven y aportan en los distintos niveles de crecimiento del país.
La importancia que ocupa en nuestro país el fenómeno migratorio es relevante, tanto en cuanto afecta en la convivencia de los ciudadamos y el desarrollo del país, donde incurre una legislación, una política social concreta y una gestión efectiva de la práctica diaria. Al igual que no queremos obviar el marco económico y la influencia de la inmigración en nuestro estado, es la experiencia de sociedades receptoras de inmigración donde el colectivo inmigrante reside trabajando, consumiendo y ahorrando, en las ocupaciones más diversas (o no), pero en las que su contribución es evidente, porque suelen hacerlo ocupando o creando puestos de trabajo, para los que hay demanda a cambio de una remuneración que les permite vivir y, en muchas ocasiones, ahorrar y transferir fondos a sus familias de origen. Todo trabajo es positivo para un país receptor, todo el que llega y trabaja (con documentación o sin ella) por un salario contribuye al crecimiento económico.
El derecho a la ciudadanía de los inmigrantes debe ser reconocido por la sociedad de acogida y apoyado por una normativa legal, que hoy por hoy la declaramos inconstitucional muchos de nosotros. Las campañas de sensibilización y los distintos programas que se llevan a cabo son un medio para conseguir llegar a situar al colectivo inmigrante en ciudadanos de derecho.
