La participación autonómica en la Unión Europea se justificaría, desde un punto de vista político-institucional, por el hecho de que internamente son las Comunidades Autónomas los sujetos constitucionales de dichas competencias. También tiene una justificación de carácter práctico o funcional, al ser éstas quienes aplican las políticas comunitarias de forma directa en sus territorios. Por ello es conveniente que el Gobierno de la nación cuente con la opinión de las Comunidades Autónomas a la hora de fijar posturas en el seno de la Unión Europea.