España lleva varios años consecutivos cumpliendo los objetivos de déficit público dentro de una senda descendente. Sin embargo, el gasto primario neto está creciendo por encima de lo comprometido con Bruselas, provocando un deterioro progresivo de su saldo acumulado. La cláusula de escape por defensa, junto con las medidas por la crisis energética pendientes de validación por la Comisión Europea, podría situar el cumplimiento en 2026, justo en el límite permitido. No obstante, es previsible que en 2027 sea necesario un ajuste de tres décimas del PIB, equivalente a alrededor de 5.300 millones de euros. Parte de este ajuste descansará en un aumento de la fiscalidad sobre el factor trabajo.