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Las últimas cuentas públicas aprobadas remontan a 2023, y desde entonces los presupuestos de ese año siguen en vigor. En este periodo, sin embargo, el Estado ha incrementado su gasto un 14 % y la Seguridad Social un 20 %. El desvío, que asciende a 78.000 millones de euros, ha sido posible gracias a la multiplicación de modificaciones de crédito y otros instrumentos, diseñados para aportar flexibilidad ante eventos puntuales. Pese a estas adaptaciones que han tenido su utilidad para acometer inversiones con fondos europeos, la reiteración de prórrogas ha restado eficacia a la política fiscal. Uno, porque los presupuestos han sido más expansivos de lo previsto, por la incapacidad de realizar ajustes de gasto o tributarios. Y dos, porque la prórroga no permite afrontar los nuevos desafíos de forma coherente.
