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La expansión del delito de extorsión en el Perú evidencia la necesidad de replantear las estrategias tradicionales de política criminal frente a una criminalidad cada vez más organizada y tecnológicamente sofisticada. El presente artículo de opinión, derivado de una investigación jurídica de enfoque cualitativo, analiza críticamente las limitaciones del modelo de respuesta estatal basado principalmente en el incremento de las sanciones penales. A partir del análisis documental, la revisión doctrinal y los resultados obtenidos mediante entrevistas a operadores de justicia, se sostiene que la eficacia de la política criminal depende del fortalecimiento institucional, la incorporación de tecnologías especializadas, la interoperabilidad entre las entidades del sistema de justicia y la profesionalización permanente de fiscales, policías y jueces. Asimismo, se plantea que una política criminal moderna debe orientarse hacia la prevención, la inteligencia criminal y el uso responsable de herramientas tecnológicas, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y del debido proceso. Se concluye que la transformación de la política criminal exige superar respuestas meramente reactivas y avanzar hacia un modelo integral basado en evidencia científica, innovación tecnológica y coordinación interinstitucional, capaz de enfrentar eficazmente las nuevas modalidades de extorsión en el Perú.
