Acceso usuarios
Colombia
El proceso declarativo de pertenencia es uno de los mecanismos más idóneos para la resolución pacífica de las disputas sociales sobre la propiedad rural en Colombia. Por medio de este procedimiento, las partes tienen la oportunidad de exponer y acreditar de manera suficiente los hechos jurídicos que permitan conocer la verdad racional acerca del régimen de propiedad del inmueble objeto de litigio. Pese a lo anterior, el tiempo ha evidenciado el surgimiento de una divergencia en la aplicación presunciones normativas para la determinación del régimen de propiedad de los inmuebles en litigio. Esta situación ha devenido en la proliferación de sentencias judiciales contradictorias que ha afectado los principios de seguridad jurídica e igualdad procesal, y ha permitido que terceros no beneficiarios de los programas del Sistema Nacional de Reforma Agraria accedan mediante el modo de la prescripción adquisitiva de dominio a la titularidad de extensiones de tierras baldías imprescriptibles, y que además, desbordan por mucho los límites de adjudicación fijados en la Ley.En este contexto, el rol del Juez en la valoración de las pruebas, en el marco del proceso declarativo de pertenencia ha sido, dada la relación histórica que tiene este mecanismo jurisdiccional con las controversias asociadas a la concentración de la tierra, así como con las prácticas de exclusión del campesinado y las comunidades rurales en el territorio nacional.De este modo, esta investigación identificó y describió cómo la divergencia en la aplicación de presunciones normativas en el proceso de declaración de pertenencia, ha incidido negativamente en el desarrollo del proceso judicial y en el régimen de baldíos en Colombia. Este artículo también expuso el modo en que las reglas jurisprudenciales de orden procesal expedidas por la Corte Constitucional de Colombia, han contribuido para la corrección de estos defectos, tal como se aprecia en la sentencia de unificación SU – 288 de 2022.Los hallazgos de la investigación realizada permitieron evidenciar que la indebida prescripción de baldíos no es un asunto marginal, sino la acumulación de una serie de problemas de índole institucional y judicial, que, a su vez, profundizan las dinámicas de concentración y acaparamiento de tierras; impiden la solución pacífica de las disputas sociales sobre la propiedad rural; y agudizan las causas que originaron el conflicto armado en Colombia, lo que impide la resolución pacífica de los conflictos.
The Proceso Declarativo de Pertenencia is one of the most suitable mechanisms for the peaceful resolution of social disputes regarding rural property in Colombia. Through this procedure, the parties have the opportunity to present and sufficiently substantiate the legal facts that allow for establishing the rational truth regarding the property regime of the land in dispute.However, time has revealed a divergence in the application of statutory presumptions used to determine the property regime of the lands in litigation. This situation has led to a proliferation of contradictory judicial rulings, undermining the principles of legal certainty and procedural equality; it has also enabled third parties, who are not beneficiaries of the National Agrarian Reform System programs, to acquire title to tracts of imprescriptible public lands, through acquisitive prescription, often in amounts that far exceed the allocation limits established by law.In this context, the role of the judge in weighing evidence within the declaratory action for ownership is significant, given the historical link between this judicial mechanism and controversies surrounding land concentration, as well as practices that exclude the peasantry and rural communities across the national territory.Thus, this research identified and described how the divergent application of statutory presumptions in declaratory actions for ownership has negatively impacted both the judicial process and the public land, regime in Colombia. This article also examined how procedural rules established by the Constitutional Court of Colombia have contributed to rectifying these flaws, as evidenced by Sentencia de Unificación SU – 288 of 2022.The research findings demonstrated that the improper acquisition of public lands, through prescription is not a marginal issue, but rather the result of accumulated institutional and judicial problems that, in turn, exacerbate dynamics of land concentration and land grabbing. they prevent the peaceful resolution of social disputes over rural property and exacerbate the root causes of the armed conflict in Colombia, thereby hindering the peaceful resolution of conflicts.
