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El reciente Congreso del ramo ha asumido como uno de los orígenes de la crisis actual la defectuosa articulación del marco estatal desde 2007, disfuncional en su objetivo de remitir a las leyes autonómicas la definición de las «necesidades» justificativas de nuevos suelos urbanizables, y palmariamente incapaz, en el de agilizar los procedimientos.
