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El Perfil de Cumplimiento que ha sido concebido en nuestro ordenamiento tributario busca promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias por medio de un sistema de clasificación de los contribuyentes basado en criterios de riesgo. Sin embargo, el autor resalta defectos estructurales en el diseño de este régimen, que podrían afectar su legitimidad y poner en peligro los objetivos de cumplimiento voluntario y formalización que justificaron su instauración.
A través del estudio del marco normativo que regula esta herramienta y de su adaptación durante el período de implementación, se abordan aspectos relacionados con la publicidad de las calificaciones y afectación de derechos fundamentales, la falta de criterios razonables de proporcionalidad y los efectos impropios derivados de regularizaciones voluntarias y por el ejercicio del derecho de defensa. El autor concluye que se hace necesario reconfigurar múltiples aspectos del Perfil de Cumplimiento, debiendo priorizarce incentivos positivos que permitan compatibilizar la gestión tributaria –en el marco de un escenario actual de alta informalidad– con las garantías constitucionales de los contribuyentes.
The Compliance Profile established within our tax system aims to promote tax compliance through a taxpayer classification system based on risk criteria. However, the author highlights structural flaws in the design of the regulation that could undermine its legitimacy and jeopardize the objectives of voluntary compliance and formalization that justified its implementation.
Through an examination of the regulatory framework governing this tool and its adaptation during the implementation phase, the study explores aspects related to the publicity of the ratings and the impact on fundamental rights, the lack of reasonable proportionality criteria, and the adverse effects arising from voluntary regularizations and the exercise of the right to defense. The author concludes that it is necessary to reconfigure multiple aspects of the Compliance Profile, prioritizing positive incentives that reconcile tax risk management -within the current context of high informality- with taxpayers’ constitutional guarantees.
