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Flor de María Tavera Ramírez
La informalidad laboral en México representa un obstáculo estructural para el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social y para la sostenibilidad del sistema de protección social. Actualmente, más del 54% de la población ocupada trabaja sin afiliación a la seguridad social, lo que implica exclusión de servicios médicos, pensiones y otras prestaciones, el problema se agrava para el caso de personas trabajadoras del hogar con un alarmante índice de informalidad laboral del 96,5%, a pesar de que la legislación mexicana contempla el registro obligatorio en el régimen del seguro social de las personas trabajadoras del hogar, gremio en el cual 9 de cada 10 son mujeres, por lo que representa una violación de derechos directamente a la mujer. Por otra parte, existe el programa IMSS-Bienestar que ha ampliado la cobertura médica a la población sin seguridad social, sin embargo, este esquema no garantiza el acceso integral a todos los componentes de la seguridad social, y en muchos casos cubre a personas que deberían estar afiliadas a regímenes contributivos, incluidas las personas trabajadoras del hogar. En este documento se presenta una propuesta de política pública que plantea utilizar al IMSS-Bienestar como plataforma de detección y canalización de trabajadoras del hogar hacia el esquema de trabajo formal, a través de la verificación individual de los beneficiarios, se puede identificar a personas que realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad –quienes seguirían recibiendo atención a través del programa– y a las personas trabajadoras del hogar, quienes serían canalizados hacia el régimen obligatorio de tal manera que el patrón cumpla con su obligación de asegurarlas. Esta propuesta permitiría avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y sostenible, alineado con el mandato constitucional de otorgar seguridad social, contribuir al gasto público, acceso a salud, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en cuanto protección social universal y empleo decente en general para todos los trabajadores pero con especial énfasis en las personas trabajadoras del hogar, que es el sector con mayor índice de informalidad laboral.
Labour informality in Mexico represents a structural obstacle to the full exercise of the right to social security and to the sustainability of the social protection system. Currently, more than 54% of the employed population works without social security coverage, which means exclusion from medical services, pensions, and other benefits. This problem is even more severe in the case of domestic workers, who face an alarming labour informality rate of 96.5%. This persists despite the fact that Mexican legislation establishes mandatory enrolment of domestic workers in the social security system. Since 9 out of 10 domestic workers are women, this situation constitutes a direct violation of women’s rights. At the same time, the IMSS-Bienestar program has expanded access to healthcare for individuals without social security coverage. However, this scheme does not guarantee comprehensive access to all components of social security, and in many cases, it provides coverage to individuals who should be enrolled in contributory social security regimes, including domestic workers. This paper presents a public policy proposal that seeks to use IMSS-Bienestar as a platform to identify and channel domestic workers into formal employment. Through the individual verification of beneficiaries, it would be possible to distinguish between those who are genuinely in vulnerable situations –who continue receiving care through the program– and domestic workers, who would be redirected to the mandatory social security regime so that their employers comply with their legal obligation to register them. This proposal would contribute to the development of a fairer, more efficient, and more sustainable system, aligned with the constitutional mandate to provide social security, promote equitable contributions to public spending, and guarantee access to healthcare, as well as with the United Nations Sustainable Development Goals related to universal social protection and decent work.
