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Presidencia semestral irlandesa del Consejo de la UE, que afronta la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 —equilibrando las posiciones de los Estados «frugales» y los «amigos de la cohesión»— y la agenda de ampliación, con Montenegro como principal candidato. Se contrasta con el balance de la presidencia chipriota, que impulsó avances normativos y políticos en seguridad, apoyo a Ucrania, gestión migratoria, energía, autonomía estratégica, derechos ciudadanos y mercado interior.
El último Eurobarómetro refleja una ciudadanía que percibe la UE como un espacio de estabilidad y beneficio económico, aunque preocupada por la coyuntura global, reclamando más unidad entre Estados miembros, mayor capacidad de acción en defensa, seguridad y energía, y refuerzo de los instrumentos para afrontar crisis.
En el plano jurídico-político, se destacan las nuevas formas de apoyo a Ucrania mediante acuerdos industriales en defensa, cooperación en drones y paquetes financieros de gran envergadura, que consolidan la integración de su base industrial con la europea. Se aborda el séptimo Informe sobre el Estado de Derecho, que pone de relieve avances desiguales en independencia judicial, lucha contra la corrupción y protección de los medios de comunicación, consolidándose como herramienta de diálogo estructurado entre la Comisión y los Estados miembros. En el terreno regulatorio, se presenta un nuevo acto legislativo que refuerza los derechos de los pasajeros aéreos —compensaciones, transparencia tarifaria, protección de colectivos vulnerables— y la eliminación de la exención aduanera para paquetes de bajo valor, medida con implicaciones comerciales, de consumo y medioambientales. Desde la óptica jurídica, es especialmente relevante la sentencia del TJUE que avala la compatibilidad de la Ley de Amnistía española con el Derecho de la UE en materia financiera y antiterrorista, descartando afectación a los intereses financieros de la Unión o la existencia de violaciones graves de derechos humanos. Finalmente, se reseñan la Estrategia Ganadera y el Plan de Electrificación como marcos de política pública con impacto regulatorio y económico, los avances en la negociación de adhesión de varios Estados candidatos y el Acuerdo entre la Comisión y el Reino Unido sobre Gibraltar, que completa el entramado jurídico post-Brexit preservando Schengen, el mercado interior y la unión aduanera, y redefiniendo las relaciones entre Gibraltar, España y la UE.
